WIRE — La polémica indicación impulsada por el ministro Jorge Quiroz para compensar con recursos públicos a empresas cuyas resoluciones ambientales sean anuladas desató una dura ofensiva de la oposición y de especialistas. Mientras el gobierno la presenta como un mecanismo para dar certeza a la inversión, sus críticos advierten que crea un privilegio inédito para los privados, altera principios básicos del derecho administrativo y traslada al Estado riesgos que históricamente han sido propios de quienes emprenden proyectos de alto impacto ambiental. La entrada El Estado como aseguradora de los grandes negocios: la nueva frontera de la megarreforma se publicó primero en El Clarin de Chile.
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